Un informe jurídico cuestiona la actuación del Parlamento contra los “tránsfugas” de Teresa Rodríguez

 

Un informe jurídico elaborado por una letrada del Parlamento andaluz ha cuestionado algunas de las actuaciones emprendidas en la Cámara autonómica para despojar de recursos a Teresa Rodríguez y otros ocho diputados, a los que se ha expulsado del grupo de Adelante Andalucía por “transfuguismo”.

Se trata de un análisis elaborado a instancias de la Mesa del Parlamento en relación al proyecto de reforma del Reglamento de la Cámara para su adaptación a los nuevos criterios del Pacto Antitransfuguismo. En el mismo se cuestionan, por inconstitucionales, algunas de las medidas de aislamiento político que se pretende aplicar a quienes se aparten de la doctrina de los partidos. Pero también se deja en evidencia la falta de consistencia jurídica del proceso seguido para la expulsión de los parlamentarios díscolos.

Es el segundo informe de los letrados de la Cámara que advierte de una posible lesión a los derechos de los diputados expulsados, y abunda en la “inseguridad jurídica” que puede crear el hecho de que se consolide la idea de que los grupos parlamentarios son entes subordinados a los partidos políticos, circunstancia que los juristas consideran contraria a la Constitución y a la libertad de criterio y de acción de que gozan los cargos electos.

Pese a ello, el Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles iniciar el trámite para dar luz verde a la reforma de su Reglamento, si bien el texto podría modificarse y volver a negociarse a la luz de las reservas jurídicas expresadas por los letrados.

La reforma del Reglamento de la Cámara se impulsa, por el trámite de urgencia, a raíz de las nuevas medidas de actuación pactadas por los partidos mayoritarios a nivel nacional en el marco del Pacto Antitransfuguismo. Sin embargo, antes de que esa reforma llegara siquiera al Parlamento, ya se aplicaron los preceptos de ese pacto para expulsar “por tránsfugas” a Teresa Rodríguez y ocho diputados más de Adelante Andalucía, a instancias de Izquierda Unida y de Podemos. La expulsión se produjo por decisión de la Mesa del Parlamento (el órgano que ordena el funcionamiento de la Cámara autonómica y de los debates), que desoyó un primer informe en el que se cuestionaba la definición de “tránsfugas” que se había aplicado a Rodríguez y sus afines, ya que, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional, “la baja en el partido político no implica automáticamente la baja en el respectivo Grupo Parlamentario».

Ahora, en este segundo informe, que tampoco es vinculante, de nuevo se alerta de la dudosa constitucionalidad de algunos de los cambios que se pretende introducir en el Reglamento. Por ejemplo, recuerda que el Tribunal Constitucional considera que “no todos los supuestos de transfuguismo son iguales” porque “no es cierto que la desvinculación orgánica o política del grupo de origen desestabilice siempre y con las mismas consecuencias el funcionamiento del órgano representativo o que modifique la voluntad popular expresada en las urnas”.

También plantea alguna duda constitucional sobre la intención del Parlamento de mantener las cuotas de participación de los grupos parlamentarios en las comisiones o en la Diputación Permanente, aunque esos grupos se hayan visto mermados a lo largo de la legislatura por el paso al grupo de no adscritos de alguno de sus diputados. Se trata de una de las claves de la reforma que quiere aprobarse, en aplicación del Pacto Antitransfuguismo, que considera que los grupos parlamentarios no deben verse perjudicados por la acción de los tránsfugas. Así, se pretende, por ejemplo, que Adelante Andalucía, que se ha quedado con solo 8 de los 17 diputados que tenía al comienzo de la legislatura, no pierda peso político ni recursos económicos.

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